El pasado martes 28 de noviembre de 2018, en el Salón Covadonga, tuve la oportunidad de entrevistar a Javier Martín Reyes (Ciudad de México, 1986).
Javier Martín es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, además cuenta con una maestría en la Universidad de Columbia, y es doctorante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como Profesor Asociado en la División de Estudios Jurídicos y Coordinador de la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sus principales líneas de investigación están relacionadas el derecho constitucional, la laicidad, los procesos electorales, así como con el estudio empírico de las cortes y los jueces.
En momentos en los que parecería que disentir no es bien visto. O más bien, en una coyuntura donde cuesta trabajo entender que la crítica, más allá de afinidades y simpatías, de filias y fobias, resulta fundamental para pensar mejor y construir mejores alternativas. Yo, sinceramente, agradezco tener la oportunidad de tener a alguien como Javier dentro del mismo ambiente profesional. De alguien, del que siempre aprendo y me ayuda a comprender mucho mejor diversos temas. Creo que, además de su desmedida generosidad y apremiante intensidad, Javier conjuga y entiende muy bien el Derecho desde una perspectiva mucho más amplia. Aunque a veces, creo que se le va de las manos lo de sus estadísticas (estoy seguro que en estos momentos está replicando que me pasa lo mismo con mi literatura), lo de creer mucho en el Derecho constitucional (estoy seguro que en estos momentos está replicando que me pasa lo mismo con la teoría del Derecho)y las referencias al sistema estadounidense (estoy seguro que en estos momentos está replicando que me pasa lo mismo con el sistema español), lo cierto es que, muy de vez en vez, me termina convenciendo…, igual esto no lo ha logrado con la elección popular de jueces, una idea distorsionada que tengo sobre el laicismo, y el uso de la corbata.
No puedo negar que Javi es uno de mis mejores amigos y que, por ende, escribo estas líneas desde el aprecio. Sin embargo, confieso que para mi Javier me resulta una de las mentes más brillantes de mi generación. Él y Estefanía Vela, como ya lo había escrito en su entrevista. Yo creo que perfiles como el de ellos son bien necesarios en la academia, en el país, cada uno a su estilo y en sus temas, pero en definitiva, cuando ahora abundan los expertos en cualquier tema, existen algunos que tuvieron la osadía de estudiar ciertos temas cuando nadie hablaba de ellos, que llevan literalmente años estudiando tanto las implicaciones técnicas como las coyunturas materiales de ciertos aspectos que hoy en día parece que son moneda de cambio. En lo personal me da gusto que Javier esté en la academia, que vaya formando cuadros de futuros profesionales del Derecho con el rigor y la generosidad que lo caracterizan, y claramente más gusto que sea desde el CIDE al lado de otros grandes profesores. Más allá de que en verdad creo que el ámbito idóneo para personas tan inteligentes como Javier es la academia, algo que refuerza mi argumento es que precisamente desde esta trinchera es donde se puede criticar. Difícilmente serán las instituciones. Recuerdo que cuando Javier estaba en Columbia, después de ser funcionario público en el Tribunal Electoral por varios años, y comenzó a armar todo lo de la #LeyDeCuates para evitar que se ampliara el mandato de 4 magistrados de Sala Superior, ciertos involucrados con una mente tan estrecha como las infografías que se manejan, se inconformaron y le reprocharon prudencia. Claramente no entendieron un carajo, no entendieron que esto no era un asunto personal, ni que, al final, lo que se pretendía era cuidar un poco la institución que ahora ellos mismos se han encargado de ensuciar. En fin, no tengo la menor duda que Javier tiene algo que decir y desde la academia su voz resonará con mucho más eco. Habrá que estar al pendiente.
Me quedo corto si contara anécdotas, que iniciaron desde uno pinches noodles en los suburbios neoyorkinos, pasando por la tercera sala, Garibaildi, Puebla, Parras, el Cova (en el que precisamente se realizó la entrevista que a continuación se relata y en el que también coincidimos con un próximo subgobernador del Banco de México), amistades en común, mezcales, vinos, debates, discusiones, hasta hace un par de semanas que acabamos de publicar un artículo en coautoría. Así que me limito a decir, ¡salud!, pocas cosas tan valiosas en esta profesión como compartirla con mi admirado y querido amigo, por muchas batallas, fallos (que no fallas), durante muchos años más.
A continuación, las 8 preguntas sobre abogados, y algo más a Javier Martín Reyes.
1. ¿Qué es lo primero que tienes en mente cuando escuchas la palabra abogado?
Javier Martín Reyes (JMR): Lo primero que pienso es fracaso. Cuando necesitas un abogado, cuando formalizas un problema, cuando llevas un litigio, es porque todas tus otras alternativas ya fracasaron. El litigio, los abogados, en parte son eso: la expresión de la falta de acuerdo, un conflicto no solucionado.
2. Menciona el primer abogado o abogada (no importando sean profesionales, profesores, políticos o bien personajes de literatura, series de televisión o cine) que se te venga en mente.
JMR: Samuel del Villar.
3. Existe la idea bien arraigada en el imaginario de que si uno estudia para abogado es porque es malo para las matemáticas, o porque nos dan miedo los números. Contrario a eso, desde tu posgrado en Columbia, te has venido enfocando en realizar estudios empírico-analíticos respecto al fenómeno jurídico-político.
Recién leía una nota que afirmaba que 59% de alumnos de sexto de primaria durante el sexenio de Peña Nieto no cuentan con comprensión en matemáticas, y se me ocurría que quizá dicha cifra pueda, eventualmente, influir o encontrar correlación con la gran cantidad de personas prefieren las ciencias sociales frente a las ciencias exactas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Están las humanidades peleadas con los conocimientos objetivos y verificables? ¿El Derecho peleado con las matemáticas?
JMR: Creo que habría que hacer distinciones importantes. Primero, a veces se repite una idea que, creo, está profundamente equivocada, relacionada con que “la ciencia” y “lo objetivo” necesariamente tiene que tener una base cuantificable. Es muy fácil hacer una asociación entre ciencias exactas o duras y la cuantificación, por un lado, y las ciencias sociales o las humanidades y lo cualitativo, por lo otro. Creo que eso es un error. Si nos tomamos en serio la idea de ciencia, lo relevante no es si puedes cuantificar o no puedes cuantificar, lo relevante es si puedes explicar los fenómenos en términos de causas y efectos. Uno de los problemas que hemos tenido en las ciencias sociales, al menos en ciertos espacios, es pensar que hacer algo cuantificable nos hace, per se, más objetivos, más exactos. Y así se nos olvida la relevancia de lo cualitativo para las ciencias sociales. Pienso, por ejemplo, en el caso de la etnografía. Algunas de las mejores explicaciones del fenómeno del crimen organizado, sobre todo a nivel local, no son los estudios estadísticos –que importan– sino las etnografías tratan de entender y explicar lo que pasa en el orden local.
Una segunda cuestión. Para mí, el problema más grande del derecho no es la falta de matemáticas o de métodos cuantitativos. El problema del derecho es su alejamiento de la realidad. Cuando dejas que el derecho se vuelva solo un sistema de normas abstractas que poco o nada se conectan con la realidad, creo que sí caes en uno de los peores vicios de nuestra cultura jurídica. Para mí el formalismo es eso: cerrar los ojos a lo que esta pasando más allá del expediente. Para entender la realidad creo que las matemáticas sirven, pero con ciertas limitantes. También tendríamos que tener otro tipo de estudios: de sociología del derecho, de antropología jurídica, estudios obviamente de política judicial.
Ahora, el problema de estar peleado con las matemáticas –y esto creo que ya es un tercer punto– no es un problema solo del derecho. Ese es un problema de la educación en México en general. Cuando tú puedes tener alumnos de primaria, secundaria y preparatoria que no pueden entender ni los conceptos más básicos de matemáticas, quien pierde no es el derecho, quien pierde es la sociedad. Hay muchas cosas –hasta de la vida diaria, si quieres– que sí tenemos que pensar en términos de lógica matemática, de probabilidad. Creo que aquí la culpa un es doble. Sí, hay un problema en el sistema educativo básico; sin duda hay un problema con la educación jurídica. Pero quizá también del lado de las matemáticas lo que ha faltado es micha labor como para hacernos ver que hay ciertas cosas que no son tan complejas como lo pensábamos.
Pienso, por ejemplo, en algo muy sencillo en materia electoral. Hay una cosa con un nombre espantoso: la fórmula del “cociente natural” y el “resto mayor”, que utilizas para hacer asignaciones de representación proporcional. Si tú ves cómo está redactada en muchas legislaciones –tanto en la LGIPE como las leyes locales– es un procedimiento que parece barroco, largo y enredado. Pero en el fondo es una regla de tres. No tiene ningún tipo de complejidad. Un alumno de secundaria tendría que poder hacerla. ¿Cuál es el problema? Que los términos en los cuales se plantea la fórmula y como está redactada, sumada a nuestro anumerismo, hace que muchos piensen que eso es física cuántica. Ahí hay algo que es muy paradójico. Los abogados de entrada no somos buenos para las matemáticas, y cuando le metemos fórmulas a problemas jurídicos los fraseamos de una manera tan complicada que lo único que hacemos es reforzar este estereotipo de que las matemáticas sí son bien difíciles. Y yo estoy convencido de que el nivel de matemáticas que necesita un abogado no va a ser ni de cerca el que requiere un físico o un economista. Pero sí necesitamos un entendimiento básico de conceptos fundamentales para poder operar con la realidad.
Para mí eso es lo trágico; no que haya pocos “papers” con números, gráficas y regresiones, sino que incluso en las cosas más básicas no veamos la utilidad o necesidad de la lógica matemática.
4. Una de tus áreas de especialización es el derecho electoral, una disciplina en donde se entroncan y conviven las cuestiones políticas con las jurídicas. Sin embargo, en tiempos recientes parecería que México invariable y burdamente prima la primera sobre la segunda. Casos como #LeyDeCuates, o el #Morenagate, develan una profunda politización de la justicia. ¿Cuál crees que debería ser el rol de los operadores jurídicos frente a este panorama?
JMR: Déjame ser aquí un poco pesimista. Creo que durante mucho tiempo pensamos –y no solo nuestra generación sino quizás sobre todo la generación anterior, la que hizo la transición– que la juridificación de la política y, sobre todo, la judicialización de la política y de las elecciones era un proceso lineal. Si leemos las obras canónicas de las reformas electorales, hay una idea de que todo fue un avance paulatino, con aciertos, con errores, con avances, con retrocesos, pero siempre parecía que una reforma electoral nos hacía avanzar en términos generales, y así llegamos al 97 o al 2000. Parecía que esa lógica de regular, de crear normas, de crear instituciones de garantía era la que nos llevaría al paraíso de la democracia. La justicia electoral fue un pilar fundamental de esa transición, y durante mucho tiempo pensamos que bastaba la construcción de un tribunal electoral a nivel federal y tribunales locales de las entidades federativas, que eso nos iba a garantizar esa separación entre derecho y política que no habíamos tenido por muchísimos años.
Lo que la realidad nos ha demostrado –y que además en su momento muchos lo advirtieron– es que estos procesos no son lineales. En cualquier órgano hay un riesgo de captura. Pienso en cualquier órgano regulador de competencia económica, de telecomunicaciones: ahí siempre hay un riesgo de captura porque tienes una concentración de facultades y de intereses que hace que los afectados tengan incentivos para capturar al regulador. En materia electoral el problema es doble: no solo tienes los incentivos para capturar, sino que además quienes son regulados son quienes designan a los reguladores, a los órganos de garantía. Lo que hemos visto, por desgracia es que –por lo menos en el caso de la justicia electoral– lo que ha sido paulatino a partir del 2006, 2007, y en adelante no ha sido esta consolidación de las instituciones y de las normas, sino la consolidación de la captura, sumada a un marco normativo con tremendos problemas. Y eso creo que ha sido un golpe con la realidad; un darnos cuenta en dónde estamos y qué se necesita.
¿Qué tienen que hacer los abogados frente a esto? Lo primero son los procesos de selección. Si el gremio de los abogados y la sociedad civil en general no ponen un énfasis muy importante en la designación, si no están dispuestos a invertir capital político para pelear por mejores procesos de designación, la cosa no va a funcionar. También creo que si algo nos demuestra todo el proceso que hemos visto durante los últimos años es que el mejor sistema normativo no aguanta malos operadores –y viceversa, tampoco los mejores operadores con un marco malo pueden funcionar–. Yo creo que la batalla es doble. Sí, hay que pelear por lo normativo, tenemos muchos problemas en ese orden, pero hoy la batalla debe ser más por tener a los perfiles idóneos en las posiciones clave. El gremio lo ha intentado, pero creo que se podría hacer muchísimo más. Las instituciones están hechas por personas y esa es realmente una contención insustituible.
5. A partir de tu formación como politólogo y abogado, ¿crees que los abogados deben saber más ciencia política o que, por el contrario, los politólogos deben conocer más Derecho?
JMR: Yo creo que las dos cosas. Pero déjame ser políticamente incorrecto. Hay una idea por ahí, instalada en muchas instituciones, sobre que lo interdisciplinario consiste en que los alumnos conozcan de todo un poquito. Es decir, los abogados deben tomar contabilidad y finanzas, como la toman los contadores y los financieros; economía como los economistas y psicología como los psicólogos. Y así nos seguimos con la lista de disciplinas. Yo creo que la formación en cualquier campo no es una colección de disciplinas. Un buen abogado no es alguien que sabe un poquito de contabilidad, un poquito de finanzas, y mucho de derecho; como un buen politólogo no es el que sabe un poquito de sociología, un poquito de psicología, y mucho de ciencia política.
Creo que hay la formación general que debe darse en las etapas previas. En la secundaria, en la preparatoria, necesitaríamos eso: un buen conocimiento de historia, un conocimiento básico sobre economía, etc. En la educación superior lo hay que buscar es la intersección de las disciplinas. Y creo que, por desgracia, la ciencia política y el derecho no son el mejor ejemplo de trabajo interdisciplinario. Quizás quienes mejor lo han hecho son quienes hacen derecho y economía o análisis económico del derecho. Ahí tienes una disciplina que requiere que tomes un poco de matemáticas, cálculo, microeconomía; y que tengas además bases de teoría del derecho, de contratos. Requieres conocimiento de ambas disciplinas, pero lo que estas haciendo ya en análisis económico del derecho es algo diferente, y el producto de ahí creo que es bastante más interesante de lo que podrías hacer con el conocimiento independiente de las dos materias.
Regresando a tu pregunta, para mí lo ideal sería, por ejemplo, si pensamos en materia electoral, constitucional, un trabajo que se tome el derecho en serio y, al mismo tiempo, que reconozca que el trabajo jurídico opera en un contexto político que te impone ciertas restricciones y ciertas posibilidades. Lo que hoy tenemos es, por ejemplo, muchos estudios de ciencia política que toman como objeto de estudio a los jueces y a los tribunales, pero que asumen que el derecho no importa, que asumen que se comportan igual que los legisladores y el presidente, que todo es un tema de preferencias ideológicas, políticas o partidistas. Ese trabajo creo que, con todo respeto, se queda muy lejos de reflejar la complejidad de los fenómenos jurídicos y judiciales. Y por el otro lado tienes trabajos desde el derecho en los cuales cualquier desviación de los cánones tradicionales de interpretación, se interpreta como una politización ¿Cuántas veces no escuchamos que este asunto no se resolvió conforme a derecho por “cuestiones políticas”? Pero apelar a las cuestiones políticas así, en genérico, sin poner nombre y apellido, sin poner actores, reglas, instituciones e incentivos, creo que también es el otro lado de la moneda en términos de la falta del acoplamiento de las dos disciplinas. Entonces lo que a mí me gustaría ver tanto en la ciencia política como en el derecho son trabajos que entiendan las restricciones de los actores políticos, con sus preferencias, que son importantes, pero que al mismo tiempo entiendan que el derecho cuenta y cuenta mucho. Si los abogados se dedican 4 o 5 años de su vida a estudiar derecho y además trabajan y se meten a despachos y acumulan conocimiento, no es por ocio, no es porque –perdóname la palabra– sean tontos, es porque el derecho tiene su propia lógica y porque el derecho sí limita. Eso es algo fundamental que a la ciencia política le hace falta entender. ¿Qué le hace falta al derecho? Entender que la política es algo que tiene sus propias reglas, que son diferentes, que operan con otra lógica. El reto sigue estando en acoplar las disciplinas. Quienes sí nos han enseñado que se puede es toda la disciplina del análisis económico del derecho.
6. ¿Estás a favor o en contra del uso de la toga en la profesión jurídica?
JMR: En principio, en contra. Déjame ponerlo así. Si hoy estuviéramos pensando que lo que necesita México es un tribunal constitucional diferente a la SCJN a mí me parece que imponer la toga sería una cosa absurda. Si hoy la discusión fuese si ciertos tribunales o jueces que no usan toga deberían usarla, también se me parecería ridículo. En un contexto así, más que un símbolo, una solemnidad o un ritual, creo que lo que tendríamos sería un disfraz. Entiendo que, en ciertos contextos, por una cuestión de tradición, se utilice la toga; y ahí me parece que puede servir para reforzar cierto tipo de distancia, de imparcialidad, de igualdad. Creo que la toga, por ejemplo, en un órgano colegiado lo que puede hacer es eso: homologar, simbolizar que todos son iguales. Pero sí creo que cuando no tienes una tradición del uso, y de repente la implementas, honestamente terminas más bien haciendo una caricatura de lo que quieres hacer. Entonces, en el contexto mexicano, diría que no. No es lo importante; discutamos otras cosas que sí lo son.
7. No me cabe la menor duda de que tu libro sobre las reformas en justicia cotidiana vislumbra un sentimiento de insatisfacción generalizada respecto al papel que el sistema funge en la vida diaria de sus usuarios.
En lo personal, celebro que se llame la atención sobre la urgente necesidad de armonizar y centrarnos en las reformas, pero echo de menos el componente funcional, es decir, en específico el de los abogados. Digo por ahí encontré referencias a la colegiación y otras alternativas, pero no sé si durante años nos hemos enfocado exclusivamente en reformar las reglas, pero nunca en quienes las aplican y las utilizan. La pregunta en concreto es ¿cuál crees que debería ser la relación entre los abogados y los actuales modelos de democracia?
JMR: Yo creo que hay como tres cosas. Lo primero que dices es muy cierto, o sea, siempre se habla de este fetichismo por lo legal, por las reformas legales o constitucionales, por el poder desmedido de las leyes. A mí la impresión que me da es que a veces perdemos de vista lo siguiente. El problema no es necesariamente que los abogados o los legisladores tengan una idea de que la legislación es omnipotente y que todo lo va a resolver. Yo honestamente creo que ya casi nadie, estas alturas, lo piensa. Hay una cosa bastante más elemental, quizá más triste: las reformas son muy baratas. En muchos casos, hacer una reforma para los legisladores básicamente tiene un costo igual a cero. Y, en cambio, genera beneficios: les sirve para vender que están haciendo algo, resolviendo los problemas. Si vemos bastantes reformas no es porque los operadores sean particularmente naifs en los alcances que tendrán, sino porque es una manera barata de vender “soluciones”, pero que en el fondo lo que estas haciendo es simular.
La verdad, cuando escribí el libro de Reforma en materia de justicia cotidiana, me topé con que los artífices de las reformas tenían una preocupación muy genuina del estado de cosas. Los datos nos dicen que estamos no mal, sino muy mal, en términos de estado de derecho, de acceso a la justicia, de protección de derechos. Las escasas materias en las que estamos relativamente bien –por ejemplo, en transparencia– son áreas en donde los avances están en duda en el contexto actual. Por eso creo que las reformas eran importantes, necesarias.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que éstas son reformas que, en su mayoría, se han quedado a medio camino. Hay una reforma constitucional que establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en x, y, z materias. Y olvídate de la implementación, de la operación y de lo funcional; no tenemos ni siquiera la legislación secundaria. Son reformas que de alguna manera son una mera posibilidad, Quizás algún día los legisladores hacen su trabajo; quizá entonces tendrán un impacto las reformas; pero quizá nunca ocurre. Este tipo de omisiones debilitan al derecho, a la Constitución y al procedimiento de reforma constitucional.
¿Qué más nos hace falta? ¿Hay un problema con los operadores? Sí, una de las cosas trágicas del proceso de reformas en materia de justicia cotidiana es que desde los primeros foros se enfatizó que había que hacer algo con la enseñanza del derecho y con la profesión jurídica en general. Y esas son reformas no se concretaron. Yo no sé si la mejor alternativa sea la colegiación. A mí me queda claro que una colegiación mal diseñada, mal regulada, lo único que puede hacer es privatizar aún más el ejercicio de la profesión; creo que se podrían generar costos considerables con pocos beneficios. Quizá la certificación podría ser la solución, pero de nuevo las preguntas son: ¿Qué certificación? ¿Quién certifica? ¿Cómo certifica? Ahí está lo fundamental.
Lo tercero es que somos muy malos en la implementación. Quienes trabajan en políticas públicas sí nos llevan una ventaja muy considerable, porque ellos ven la legislación y las reglas formales solo como un punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en materias de justicia cotidiana? Pues faltan buenas normas, faltan buenos operadores, buenos procedimientos, buenas evaluaciones; dicho de otro modo, nos hace falta todo. Y no nada más en materia de justicia cotidiana, el sistema penal es lo mismo. ¿Cuántas reformas no hemos hecho para tener, para bien o para mal, un sistema adversarial, con unos principios muy bellos que están en el artículo 20 constitucional, con un Código Nacional de Procedimientos Penales, con una Fiscalía teóricamente autónoma? Pues eso poco sirve si no capacitamos a jueces, si no capacitamos a los abogados defensores, si no capacitamos a los fiscales, si no trabajamos en la capacitación de la policía.
A veces creo que genuinamente la pregunta es: ¿cómo esto sigue “funcionando” a pesar de nuestras deficiencias en puntos fundamentales ¿Cómo con un sistema de justicia penal que sirve para poco sigues teniendo relativos niveles de orden social en ciertos espacios? Pero ese tipo de preguntas no son normativas, No las vamos a resolver analizando las normas constitucionales, legales, reglamentarias. Hay unos objetos de estudio que creo que no hemos terminado de entender. Y parece que el éxito de cualquier reforma, de cualquier política pública implica, que conozcas cuál es el contexto en el que estas operando. Me da la impresión de que ahí, en general, vamos todavía muy lento.
8. Como director de la carrera de Derecho de una de las instituciones más importantes del país, ¿cuál crees que deba ser el perfil de los futuros abogados en nuestros días?
JMR: Quizá estoy siendo un poco no sé si pesimista, si radical o quizá estoy exagerando mucho, pero creo que no solo en Derecho sino en muchas disciplinas, el papel de la universidad en general tiene que ser muy distinto. Creo que cuando tu y yo estudiamos y, sobre todo, cuando la generación anterior estudió, la universidad, las clases, los profesores lo que aportaban en buena medida y su principal función era transmitir información y conocimientos. El docente tenía un papel fundamental que era tomar un conjunto de datos, de información, de saberes, de teorías y transmitírselo a sus estudiantes. Y eso era importante porque había muchas menos fuentes de acceso. Creo que eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Yo no creo, por supuesto, que la universidad vaya a desaparecer y que, con internet, Jstor y Coursera todo vaya a cambiar, pero sí es cierto que hoy en día un alumno que quiere aprender cierto tipo de materias, de conocimientos y demás lo puede hacer de manera mucho más fácil, con extraordinarias fuentes de información. Esa capacidad de ser autodidacta es mucho mayor.
Creo que, si la universidad quiere ser, en general, relevante, si quiere adaptarse a los cambios, el papel fundamental de la universidad y del docente no se puede seguir siendo transmitir información. Y yo sí creo que hay dos cosas que ni las mujeres fuentes electrónicas ni los mejores cursos en línea te pueden solucionar. Uno, el desarrollo de habilidades, que implican trabajo constante, supervisado, con orientación, con pedagogía en todos los niveles –en argumentación, en interpretación, en métodos cuantitativos, en métodos cualitativos, en términos de derecho procesal–. Y dos, la dimensión ética, las convicciones, los valores, la convicción que tendría que tener cualquier abogado, sea de sector público, privado, social, academia, o lo que sea. No es algo que vas a aprender en un monitor, ni con los mejores libros, ni con los mejores videos, cursos, lecturas o actividades.
Entonces ¿cuál creo que debe ser el papel de las universidades? Esas dos cosas. Uno enfocarse en el desarrollo de habilidades, que sean relevantes para la profesión jurídica. Los alumnos tienen que aprender a operar y hacer cosas con el derecho, a entender la realidad y dar soluciones, a tener casos enfrente. Ahí sí creo que los docentes podemos hacer mucho. La otra es enfatizar la dimensión ética de la profesión, que en el caso del derecho no creo que sea una cuestión menor. Tenemos que seguir dando muy buenas clases, sí; tenemos que seguir reclutando a los mejores profesores; tenemos que seguir vinculando a los alumnos con espacios interesantes de incidencia. Pero también debemos entender que el papel de las universidades tiene que ser muy diferente al que tú y yo y las generaciones pasadas vivimos en su momento.
A continuación, te diré una serie de nombres conceptos y por asociación me gustaría que respondas lo primero que se te venga a la mente:
| Juego de Tronos |
Un curso de ciencia política |
| Amazon |
Van a ser el mercado en el futuro |
| TEPJF |
Decepción |
| #LeyDeCuates |
La claudicación |
| CIDE |
Mi casa |
| Reguetón |
Igualitario, a veces |
| Café |
Combustible de todos los días |
| Constitución |
Más norma y menos aspiración |
| Vetusta Morla |
Mi grupo |
| Análisis cuantitativo |
Necesario, pero no suficiente |
| UNAM |
Mi otra casa |
| Justicia Cotidiana |
Algo que puede ser pero que todavía no es |
| Pedro Salazar |
Ética y técnica |
| SCOTUS |
Un derecho pragmático y serio |
| Joaquín Sabina |
Terapia |
| Sergio López |
Abogado todoterreno, pero no como los otros |
| Laicismo |
La batalla que habrá que dar |
| Justicia |
Derecho |
| Derecho |
Justicia |
| México |
Nuestra comunidad, de donde somos y a donde vamos a estar |
- Entre abogados te veas - 